La grave situación de crisis económica ha generado una fuerte caída de la actividadeconómica y correlativamente una fuerte bajada en la recaudación de recursos por partede las entidades locales. Esto está ocasionando retrasos acumulados en el pago de lasobligaciones que han contraído con sus proveedores, con la consiguiente incidencianegativa en la liquidez de las empresas.

Por otra parte, siguen manteniéndose exigentes restricciones de acceso al crédito loque unido a los retrasos mencionados dificulta la financiación de las empresas y sucompetitividad.

En el Real Decreto-ley 5/2009, de 24 de abril, de medidas extraordinarias y urgentespara facilitar a las entidades locales el saneamiento de deudas pendientes de pago conempresas y autónomos y en el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas deapoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudascon empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento de laactividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, seaprobaron medidas para corregir esta situación. Para ello, se instrumentó primero unaoperación especial de endeudamiento y una línea de avales del Instituto de Crédito Oficialpara el saneamiento de deudas de las entidades locales y, posteriormente, una línea decrédito para la cancelación de deudas de las entidades locales con empresas yautónomos.La escasa eficacia de aquellas medidas y la acuciante situación de falta de liquidezantes descrita aconsejan la adopción inmediata de medidas urgentes y de carácter extraordinario.

Para ello, se establece la necesaria puesta en marcha, por Acuerdo de la ComisiónDelegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de un mecanismo ágil de pago ycancelación de deudas con proveedores de entidades locales y de su financiación. Estopermitirá: suministrar liquidez a las empresas, apoyar financieramente a las entidadeslocales afrontando el pago a largo plazo de sus deudas, complementado con la debidacondicionalidad fiscal y financiera.

Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedim…

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