La delegada del Gobierno señala que el objetivo del Gobierno es “mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos”

REDACCIÓN

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Paula Sánchez de León, ha señalado que el objetivo del Ministerio del Interior al modificar La Ley de Seguridad Privada es “establecer mecanismos de colaboración más ágiles y eficaces entre la seguridad pública y la privada” para “mejorar de esta manera la calidad del servicio que prestamos a los vecinos”.

La delegada que ha presidido los actos institucionales del Día de la Seguridad Privada ha indicado que en esta dirección también va encaminada la RED AZUL, un Plan Integral de colaboración entre el Cuerpo Nacional de Policía y la seguridad privada. Su objetivo es “aprovechar todos los recursos del sector privado en la seguridad pública”.

Para ello “se potenciará el trabajo conjunto” con las 300 empresas del sector y con los más de 11.000 profesionales de la seguridad privada de la Comunitat Valenciana. Es decir “vamos a aprovechar el personal de las empresas de seguridad que existen en esta Comunitat para crear un espacio común más seguro para todos los ciudadanos.”

La Red Azul de Seguridad “multiplicará el número de efectivos que trabajan para garantizar la seguridad ciudadana, compartiendo información y aunando esfuerzos”, ha dicho Sánchez de León.

Esta iniciativa se unirá al Programa Coopera de la Guardia Civil que “refuerza la colaboración entre el Instituto Armado y la seguridad privada, el trabajo en equipo y mejora la eficacia de los recursos disponibles”.

La delegada ha recordado que “es al Estado a quien le corresponde el monopolio de la seguridad y lo hace siempre ajustándose a la Ley y a la justicia. Pero también tiene la posibilidad de contar con la seguridad privada”. En ese sentido, ha manifestado que “la máxima de que en materia de seguridad colaborar siempre suma, se ve respaldada por este Gobierno.”

En el acto institucional del Día de la Seguridad Privada se han entregado diversas distinciones a empresas y a 250 vigilantes y agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la labor realizada en el último año en materia de seguridad.

elperiodicodeaqui.com     10/05/2012

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SEGURPRI Boletín de Seguridad Privada nº 37

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La Sala declara que la sentencia impugnada se ajusta a la doctrina sentada al respecto del art. 99.2 del Reglamento de Armas aprobado por el RD 137/1993, de 29 de enero, según la cual la mera condición profesional de detective privado no es suficiente para considerar que sea necesario estar en posesión de un arma, siendo preciso acreditar la existencia de riesgo especial y de necesidad.

Tribunal Supremo

Sala de lo Contencioso-Administrativo

Sentencia de 31 de enero de 2012

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 4203/2008

Ponente Excmo. Sr. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA

En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Enero de dos mil doce.

Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4203/2008 interpuesto por D. Manuel, representado por la Procurador D.ª. Ana Dolores Leal Labrador, contra la sentencia dictada con fecha 16 de mayo de 2008 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 658/2006, sobre licencia de armas; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- D. Manuel interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 658/2006 contra la resolución del Director General de la Guardia Civil de 23 de marzo de 2006 que acordó “denegar la Licencia de Armas ‘B’ peticionada”.

Segundo.- En su escrito de demanda, de 24 de octubre de 2006, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó que se dictase sentencia “en la que, estimando en todas sus partes este recurso, se acuerde: Declarar no ser conforme a Derecho la resolución administrativa impugnada y, en consecuencia, la anule, declarando el derecho del actor a la concesión de la licencia de armas del tipo ‘B’, con expresa condena en costas a la parte demandada si se opusiere”. Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

Tercero.- El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 16 de noviembre de 2006, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala que dictase sentencia “desestimando el presente recurso”.

Cuarto.- Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 11 de diciembre de 2006 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 16 de mayo de 2008, cuya parte dispositiva es como sigue: “FALLAMOS: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel contra la resolución dictada en fecha de 23 de marzo de 2006, a que este proceso se refiere, sin formular condena en costas”.

Quinto.- Con fecha 25 de septiembre de 2008 D. Manuel interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4203/2008 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Primero: al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional “al considerar que la sentencia recurrida ha infringido, por aplicación indebida, lo dispuesto en las normas del ordenamiento jurídico, podemos sistematizarlas en:

1.- La conculcación de los artículos 19 y artículo 23.1.e) de la Ley Orgánica de Seguridad Privada, y los artículos 101.1.c) y 3 y artículo 151.5 del Reglamento de Seguridad Privada. [...]

2.- La conculcación del artículo 14 de la Constitución Española, al Derecho a la igualdad ante la Ley [...]“.

Sexto.- Por escrito de 27 de enero de 2009 el Abogado del Estado se opuso al recurso y suplicó a la Sala que “dicte sentencia por la que declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente”.

Séptimo.- Con fecha 26 de enero de 2011 la Sección Quinta de esta Sala dictó la siguiente providencia: “De conformidad con las normas de reparto que operan en esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, remítanse las presentes actuaciones a la Sección Tercera”.

Octavo.- Por providencia de 17 de octubre de 2011 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 25 de enero siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 16 de mayo de 2008, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Manuel contra la resolución de la Dirección General de la Guardia Civil antes reseñada que le denegó la licencia de arma de fuego corta ( tipo “B”) por él solicitada.

Afirma la Sala de instancia que la decisión administrativa “[...] denegó la licencia con fundamento en el artículo 7.1.b) de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, en el artículo 99.2 del Reglamento de Armas, y en el Real Decreto 2364/94, al no exigirse para la habilitación de los detectives privados los requisitos necesarios para portar y utilizar armas de fuego, por no contemplarse en la legislación vigente tal necesidad para el ejercicio de la profesión de detective privado ni existir circunstancias concretas de necesidad ni riesgo especial.”

Segundo.- Las consideraciones determinantes del fallo de instancia fueron las siguientes:

“[...] El recurrente insta en la demanda la anulación de la resolución impugnada y el reconocimiento de su derecho a la obtención de la licencia de armas solicitada, alegando, en esencia, que la Administración no ha valorado adecuadamente las circunstancias concurrentes porque está en el caso de reunir las aptitudes psicofísicas y de precisar la licencia de armas tipo B para enervar los riesgos inherentes al ejercicio de su profesión de detective privado y haber sido objeto de amenazas, circunstancias que son iguales a las que concurrían en el año 2002 cuando se le concedió la misma clase de licencia. Invoca, por último, el principio constitucional de igualdad en su vertiente jurisdiccional, con cita de sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia y de Andalucía. La Abogacía del Estado ha solicitado la desestimación del recurso contencioso administrativo.

[...] Conforme a la doctrina jurisprudencial recogida en la sentencia del Tribunal Supremo de 23.3.3005, con cita de la de 9.7.2003, 24.5.2001 y 31.5.1999, el recurso no puede prosperar: El Reglamento de Armas aprobado por Real Decreto 137/1993 ha reforzado el carácter restrictivo del anteriormente vigente, al reiterar en el nuevo artículo 99 que la razón de la defensa de las personas y bienes por si sola no justifica la concesión de la licencia y añadir que su expedición tendrá carácter restrictivo limitándose a supuestos de existencia de riesgo especial o necesidad, lo que comporta una reducción de la potestad discrecional por exigencia del mandato imperativo de que se ejerza de manera restrictiva.

En el expediente administrativo y en los autos consta que el recurrente ejerce la profesión de detective privado y que, por su importante colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se le ha concedido Mención Honorífica de la categoría ‘B’. Consta también que ha colaborado en programas emitidos en ‘Canal 13 TV’, alguno de ellos sobre terrorismo, y que, en fecha que se desconoce, después de acabar uno de dichos programas recibió en su teléfono móvil un mensaje muy breve de tipo amenazante, cuyo contenido concreto no conocemos. No consta tampoco que el recurrente hubiese formulado denuncia por dicha amenaza.

[...] En un caso similar al presente, en que el recurrente alegó que, en su condición de detective privado, estaba sometido a riesgo así como que había recibido concretas amenazas, ya declaramos -en nuestra sentencia de 23 diciembre de 2002, dictada en los autos de recurso contencioso-administrativo tramitados con el número 2080/2000 del registro de esta Sección- que tanto la Ley 23/92, de 30 de julio, como el Reglamento de Seguridad Privada aprobado por Real Decreto 2364/94, de 9 de diciembre, incluyen entre el personal de seguridad a los detectives privados; sin embargo, el uso de armas está restringido a los vigilantes de seguridad, escoltas privados y guardas de seguridad de campo ( artículo 61.1 y concordantes del Reglamento de Seguridad Privada ), sin que en toda la Sección 6.ª del Capítulo II del Título II (en concreto, en los artículos 101 a 110) en absoluto se mencione el uso de armas por detectives privados, por lo que la voluntad de la norma no parece que se dirija hacia un reconocimiento automático del derecho a portar armas en estos profesionales de la investigación y, de ahí que hayan de acogerse al régimen general al que están también acogidos otros profesionales (joyeros, empleados de banca) o funcionarios (inspectores fiscales, funcionarios judiciales) que igualmente pueden hallarse en supuestos de riesgo genérico.

Como en aquel supuesto, se está en el caso de que el recurrente no ha acreditado ningún riesgo personalizado y concreto fuera del genérico y abstracto de su profesión, ni la mera y breve amenaza telefónica, formulada en fecha desconocida, en términos que ignoramos y no seguida de denuncia, o su eventual participación en 1995 en el descubrimiento de un delito contra el Consejero de Administración Pública y portavoz del Consell de la Comunidad Valenciana permita sustentar la tesis de que por ello se encuentre en una situación especial de riesgo de tal entidad que el otorgamiento de la licencia resulte ineluctable por no poderse garantizar de otra forma su seguridad personal.

Por consiguiente, dado que carácter restrictivo de la concesión de licencias de armas de defensa personal exige que su otorgamiento se funde en la existencia de una situación continuada de necesidad debidamente acreditada y dado que no se ha justificado en el supuesto litigioso que el recurrente precise portar armas en el ejercicio de su profesión ni para la defensa de su persona, ha de concluirse que en este proceso no han quedado desvirtuados los fundamentos de la decisión administrativa impugnada.

Hemos de señalar, por último, que la circunstancia de que en otras resoluciones jurisdiccionales se hayan sostenido conclusiones diferentes a las expresadas en esta sentencia no menoscaba la independencia de criterio de esta Sección, ni da lugar a una eventual lesión del principio de igualdad en relación a la aplicación judicial del Ordenamiento Jurídico contenido en el artículo 24 de la Constitución Española, debiendo significarse al efecto que el Tribunal Constitucional, en su sentencia 47/2003 y en las que en ella se citan, ha declarado que para que se produzca dicha lesión es preciso, además de otras identidades, la del órgano judicial, exigiéndose no sólo la identidad de Sala sino también la de Sección, al considerar a éstas como órganos jurisdiccionales con entidad diferenciada suficiente para desvirtuar una supuesta desigualdad en la aplicación judicial de la Ley – sentencias del Tribunal Constitucional 134/1991, de 17 de junio, F.J. 2; 245/1994, de 15 de septiembre, F.J. 3; 266/1994, de 3 de octubre, F.J. 3; 285/1994, de 27 de octubre, F.J. 2; 34/1995, de 6 de febrero, F.J. 1; 46/1996, de 25 de marzo, F.J. 5; 32/1999, de 22 de marzo, F.J. 2; 55/1999, de 12 de abril, F.J. 2; 62/1999, de 26 de abril, F.J. 4 y 102/2000, de 10 de abril, F.J. 2, entre otras-, sin perjuicio de que en el supuesto litigioso la divergencia entre la resoluciones de distintos órganos judiciales se apoya en una motivación que justifica la diferencia de criterios, por todo lo cual no es procedente estimar el presente recurso contencioso administrativo.”

Tercero.- La tesis de la Sala de instancia se apoya, según ha quedado transcrito, en diversas sentencias del Tribunal Supremo dictadas en el año 2005 o anteriores. A ellas podrían añadirse otras más recientes como las pronunciadas en los recursos de casación números 4838/2005 (sentencia de 16 de octubre de 2009, con cita de otras precedentes), 4554/2006 (sentencia de 20 de septiembre de 2010 ) o 2916/2009 (sentencia de 21 de diciembre de 2011 ). Unas y otras sostienen y reiteran las consideraciones que la de 16 de octubre de 2009 resumió en los siguientes términos:

“[...] Las cuestiones aquí planteadas son sustancialmente iguales a las ya examinadas y resueltas en nuestras sentencias de 19 de abril y 28 de junio de 2006 (recurso de casación 520/2003 y 2088/2003 ). En la sentencia de 19 de abril de 2006 dijimos que ‘de las funciones que el artículo 19 de la Ley 23/1992 atribuye a los detectives privados no se desprende que el ejercicio de tal profesión conlleve como regla o de principio la existencia de un riesgo especial para quien la ejerce. En consecuencia, no hay razón jurídica que ampare la presunción de riesgo a la que se refiere el motivo de casación. Por ello, debe ser el solicitante quien en cada caso en concreto y en razón a las circunstancias del mismo acredite la existencia del riesgo especial’.

[...] Y en la sentencia de 28 de junio de 2006 (dictada en un recurso en el que la parte recurrente había invocado asimismo la sentencia de la Sala de Valencia de 22 de diciembre de 1999 ) añadimos unas consideraciones que, mutatis mutandis, y en lo sustancial, resultan plenamente extensibles al caso que ahora nos ocupa:

1) Que la afirmación de la Sala de instancia de no estar acreditada la situación de riesgo especial -exigida en el inciso último del artículo 99.2 del Reglamento de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, a cuyo tenor ‘la razón de defensa de personas o bienes, por sí sola, no justifica la concesión de la licencia, cuya expedición tendrá carácter restrictivo, limitándose a supuestos de existencia de riesgo especial y de necesidad’-, en cuanto que es una afirmación referida al concreto supuesto de hecho enjuiciado, basada en la valoración de los elementos de prueba aportados al proceso, hubiera debido combatirse denunciando como infringidas las reglas o los principios que gobiernan esa labor jurisdiccional de valoración de la prueba, hasta el punto de que, mientras no se haga así, debe este Tribunal de Casación respetar una afirmación como aquélla.

2) Que el argumento de que tal situación de riesgo especial sea inherente al desempeño de la profesión de detective privado, no es el compartido por este Tribunal Supremo, como lo pone de relieve, por todas, su reciente sentencia de fecha 19 de abril de 2006, dictada en el recurso de casación número 520 de 2003 (en concreto, puede verse así en el inicio del párrafo último de su fundamento de derecho quinto).

3) Que la hipotética decisión contraria a otra anterior adoptada por un Tribunal Superior de Justicia no da lugar a la infracción de jurisprudencia, ni es, por tanto, uno de los motivos que cabe esgrimir en un recurso de casación ordinario.

4) Que la tenencia desde el año 1982 y hasta el año 1995 de una licencia de armas similar a la solicitada, no es argumento bastante desde el momento en que el nuevo Reglamento de Armas del año 1993, aplicable a la solicitud deducida por el actor en el año 2000, introdujo un criterio restrictivo, un punto de rigor respecto de la normativa anterior (ver la sentencia de este Tribunal Supremo antes citada y las que en ella se citan; en concreto, de la primera, el inciso final de su fundamento de derecho tercero y el párrafo primero de su fundamento de derecho quinto).

5) Finalmente, porque motivación suficiente es aquella que se sustenta en la apreciación, basada a su vez en los informes emitidos, de que no concurre en el solicitante uno de los requisitos (en este caso, el del riesgo especial y de necesidad) exigidos para otorgar la licencia por la norma aplicable”.

Cuarto.- A la vista de esta doctrina jurisprudencial consolidada el presente recurso de casación no podrá ser estimado. En su primer motivo (en realidad, primer apartado del motivo único) el señor Manuel se limita a hacer consideraciones generales sobre la supuesta vulneración de los artículos 19 y artículo 23.1.e) de la Ley Orgánica de Seguridad Privada, el artículo 101, apartados 1.c) y 3, y el artículo 151.5 del Reglamento de Seguridad Privada.

A su entender, la concesión de la licencia de armas está justificada en el caso de los detectives privados pues “si su trabajo puede consistir en la vigilancia de grandes superficies, congresos, exposiciones, hoteles, museos y locales públicos de gran concurrencia”, en ellos “pueden cometerse acciones delictivas que entrañen riesgo [...]“. Añade que aquéllos están obligados de modo especial a prestar auxilio o colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, lo que supone de nuevo un “riesgo especial” diferenciado del de “cualquier particular o funcionario”. Y vuelve a citar en defensa de su tesis la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 22 de diciembre de 1999.

A la vista de las consideraciones expuestas en el fundamento jurídico precedente, las alegaciones del recurrente no bastan para lograr el éxito de su recurso pues no cabe sustentar su pretensión en la mera condición profesional de detective privado, como hemos reiteradamente dicho. Las escasas referencias que hace a sus personales circunstancias -las mismas que recoge la sentencia impugnada- tampoco acreditan un riesgo especial y singular para su persona y, en consecuencia, no resultan suficientes para la renovación de la licencia de armas solicitada.

En este mismo apartado del recurso de casación viene a denunciar la infracción del artículo 24 de la Constitución, en relación con el artículo 14, refiriéndose al estatuto jurídico profesional de los detectives privados y los vigilantes de seguridad. Pero ya hemos manifestado en sentencias precedentes que se trata de “[...] profesionales con un régimen jurídico distinto y un ámbito de funciones no coincidente, al que va anudada una normativa igualmente diferente, señaladamente por lo que respecta al uso de armas y las licencias que lo habilitan, por lo que no nos hallamos ante términos de comparación iguales que puedan ser válidamente esgrimidos a efectos del artículo 14 CE.” Y es claro que no hay vulneración alguna del artículo 24 de la Constitución una vez que el recurrente ha obtenido sin restricciones la tutela judicial correspondiente a su demanda, lo que no equivale al éxito de sus pretensiones.

Quinto. – Estas últimas consideraciones engarzan con la denuncia expuesta en el segundo apartado del motivo único, en el que el señor Manuel vuelve a plantear la discriminación de los detectives respecto de los vigilantes de seguridad y de nuevo invoca en su apoyo la tan citada sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Valencia de 22 de diciembre de 1999. Como quiera que no constituye jurisprudencia y, por el contrario, sí lo hacen aquellas cuya doctrina hemos expuesto en el fundamento jurídico tercero de ésta, tampoco la parte final del recurso de casación podrá ser acogida. Y éste debe ser desestimado en su totalidad.

Sexto. – La desestimación del recurso conlleva la imposición de las costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

FALLAMOS

No ha lugar al recurso de casación número 4203/2008, interpuesto por D. Manuel contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 16 de mayo de 2008 recaída en el recurso número 658 de 2006. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos: Pedro José Yague Gil.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espin Templado.- José Manuel Bandres Sanchez-Cruzat.- Maria Isabel Perello Domenech.- Rubricados.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.

iustel.com      03/05/2012

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A través del presente dictamen se pretende acercar al lector, al régimen jurídico aplicable actualmente a los Jefes y Directores de Seguridad a nivel de normativa de seguridad privada, recogiendo los principales criterios doctrinales, Informes de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Interior, que analizan la figura y condición de los citados personal de seguridad privada, y ello tras los cambios habidos con motivo de la entrada en vigor de las recientes Ordenes Ministeriales de Seguridad Privada.

2. Normativa aplicable

1. Ley 23/92 de 30 de julio de Seguridad Privada.

2. RD 2364/94 de 09 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada.

3. RD 4/2008 de 11 de enero por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Seguridad de Seguridad Privada.

4. Orden del Ministerio de Interior 316/2011 de 1 de febrero sobre funcionamiento de los sistemas de seguridad en el ámbito de la Seguridad Privada.

5. Orden del Ministerio de Interior 314/2011 de 1 de febrero sobre Empresas de Seguridad Privada.

6. Orden del Ministerio de Interior 2850/2011 de 11 de octubre por el que se aprueba el reconocimiento de las cualificaciones profesionales para el ejercicio de las profesiones y actividades relativas al sector de la seguridad privada a los nacionales de los estados miembros de la Unión europea.

7. Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.

8. Informes de la Secretaria General Técnica del Ministerio de Interior.

3. Análisis jurídico de la cuestión y conclusiones

Por su interés y aplicación al presente Estudio, entiendo especialmente relevantes y clarificadores, los Informes de la Secretaria General técnica del Ministerio de Interior, acerca de las condiciones y requisitos de Jefe y Director de Seguridad, y sobre todo particularmente tras la última reforma operada en el Reglamento de Seguridad Privada con motivo del RD 4/2008 de 11 de enero por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Seguridad Privada.

Por consiguiente, debo expresar que aún cuando ostenten tanto el Jefe como el Director de Seguridad la condición de personal de seguridad privada con las mismas funciones descritas en los artículos 95, 97 y 98 del Reglamento de Seguridad Privada,no tengo duda alguna acerca de la conceptuación tanto al Jefe como al Director de Seguridad, tras esta modificación citada del Reglamento de Seguridad Privada, como personal independiente y no como una especialidad, dentro del ámbito de la normativa de Seguridad Privada.

Así mismo, buscando una interpretación lógica de la normativa aplicable, motivadora de la distinción entre ambas figuras, bien pudiera entender al JEFE DE SEGURIDAD como “aquel personal de seguridad privada ubicado directamente en el ámbito del departamento de Seguridad de una Empresa de Seguridad, con existencia obligatoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 del Reglamento de Seguridad Privada para las actividades de vigilancia y protección de bienes, establecimientos, protección de personas determinadas, depósito , custodia y recuento y clasificación de monedas y billetes y demás objetos que por su valor económico…y transporte y distribución de los objetos del apartado anterior así como por razón de la complejidad organizativa o técnica de la Empresa del artículo 16 de la Ley de Seguridad Privada, así como en caso de apertura obligatoria de delegaciones o sucursales de las actividades reseñadas de acuerdo con el artículo 17 apartados 2 y 3 del mismo Reglamento de Seguridad Privada.

Por el contrario debemos considerar al DIRECTOR DE SEGURIDAD como “aquel personal de seguridad privada, de existencia voluntaria para las Empresas de Seguridad o para empresas industriales comerciales o de servicio, entidades públicas o privadas del artículo 115 del Reglamento de Seguridad Privada, y obligatoria para empresas, establecimientos, entidades comerciales o de servicios, centros inmuebles de acuerdo con el artículo 96 apartado 2 del Reglamento de Seguridad Privada en las empresas o entidades que constituyan, en virtud de disposición general o decisión gubernativa, departamento de seguridad, en los centros, establecimientos o inmuebles que cuenten con un servicio de seguridad integrado por veinticuatro o más vigilantes de seguridad o guardas particulares del campo, y cuya duración prevista supere un año, cuando así lo disponga la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil para los supuestos supraprovinciales, o el Subdelegado del Gobierno de la provincia, atendiendo el volumen de medios personales y materiales, tanto físicos como electrónicos, el sistema de seguridad de la entidad o establecimiento, así como la complejidad de su funcionamiento y el grado de concentración de riesgo, del artículo 112 apartado 1 del Reglamento de Seguridad Privada cuando lo disponga la Dirección General de la Policía o Subdelegado del gobierno por el volumen de los medios materiales y personales, sistema de seguridad y complejidad de su funcionamiento y el grado de concentración del riesgo; o para Bancos, Cajas de Ahorro y Entidades de Crédito del artículo 119 apartado 1 delReglamento de Seguridad Privada, o aquellas empresas o establecimientos comerciales que presenten una naturaleza o importancia en la actividad que desarrollen, o un riesgo por la localización de sus instalaciones, concentración de sus clientes, valor de los bienes muebles que posean, del artículo 13 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

Por consiguiente, del análisis de las definiciones citadas se desprende que la redacción incluida en el artículo 117 del Reglamento de Seguridad privada, en modo alguno supone la sustitución de la figura del Jefe de Seguridad por la de Director de Seguridad dentro de la estructura de una Empresa de Seguridad, y sí por el contrario, la asignación de funciones específicas propias de un Director de Seguridad para un Jefe de Seguridad por razón del volumen o complejidad de la entidad obligada a disponer de un Departamento de Seguridad. Expresar que las medidas de seguridad contempladas en los artículos 111 al 118 del Reglamento de Seguridad Privada, son aplicables directamente a usuarios de seguridad (establecimientos industriales, comerciales o de servicios obligados a adoptar medidas de seguridad) y no propiamente a las Empresas de seguridad como responsables de la adopción de dichas medidas.

Este extremo de diferenciación, separación, tratamiento de las medidas de seguridad a adoptarse por una empresa de seguridad y cuáles a un establecimiento comercial, industrial o de servicios obligado a adoptar medidas de seguridad sean generales o específicas, viene ratificado normativamente por el diferente tratamiento y desarrollo habido.

La Orden del Ministerio de Interior 317/2011 de 1 de febrero sobre medidas de seguridad privada, es aplicable de forma exclusiva a los usuarios de servicios de seguridad obligados a adoptar medidas. Por el contrario las empresas de seguridad deberán adoptar y cumplir en cuanto a medidas de seguridad exigidas, la Orden del Ministerio de Interior 314/2011 de 1 de febrero sobre Empresas de Seguridad.

Este tratamiento y consideración independiente, que permite calificar como categorías separadas dentro de la normativa de seguridad privada, al Jefe y Director de Seguridad, viene acreditada igualmente en el artículo 95 del Reglamento de Seguridad Privada al contemplar las funciones de cada uno de ellos y así:

A los Jefes de Seguridad, dentro del ámbito interpreto, siempre dentro de la estructura una Empresa de Seguridad, sea de existencia obligatoria o voluntaria, de las actividades exclusivas y excluyente previstas en el artículo 5 apartado 1 de la Ley de Seguridad Privada, les corresponde:

· El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad.

· La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada.

· La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, así como la supervisión de su utilización, funcionamiento y conservación.

· El control de la formación permanente del personal de seguridad que de ellos dependa, proponiendo a la dirección de la empresa la adopción de las medidas o iniciativas adecuadas para el cumplimiento de dicha finalidad.

· La coordinación de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con actuaciones propias de protección civil, en situaciones de emergencia, catástrofe o calamidad pública.

· Asegurar la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

· En general, velar por la observancia de la regulación de seguridad aplicable.

· La dirección de los ejercicios de tiro del personal de seguridad a sus órdenes, si poseyeran la cualificación necesaria como instructores de tiro.

Y por otro lado a los Directores de seguridad, conforme al contenido, ámbito y régimen jurídico antes meritado, les corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el apartado 2 del artículo 95 del Reglamento de Seguridad Privada:

· El análisis de situaciones de riesgo y la planificación y programación de las actuaciones precisas para la implantación y realización de los servicios de seguridad.

· La organización, dirección e inspección del personal y servicios de seguridad privada.

· La propuesta de los sistemas de seguridad que resulten pertinentes, así como la supervisión de su utilización, funcionamiento y conservación.

· La coordinación de los distintos servicios de seguridad que de ellos dependan, con actuaciones propias de protección.

· Asegurar la colaboración de los servicios de seguridad con los de las correspondientes dependencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

· En general, velar por la observancia de la regulación de seguridad aplicable

Otra cuestión que bajo mi punto de vista, ratifica el carácter independiente y separado con que debe examinarse las categorías de Jefe y Director de Seguridad, se centra en la propia de la formación exigida a cada uno de ellos para obtención de su habilitación como personal de seguridad privada, así como en el contenido de las funciones reseñadas con anterioridad.

Ambas categorías de personal directivo incluidas dentro la normativa de seguridad privada, coinciden como es obvio, en las exigencias o requisitos comunes contemplados en el artículo 10 apartado 2 de la Ley de Seguridad Privada, artículo 53 del Reglamento de Seguridad Privada, y que deben hallarse de acuerdo con el artículo 54 del Reglamento de Seguridad Privada, como requisito previo para poder acceder a dicha categoría profesional como son hallarse en posesión del título de Bachiller, de técnico superior, de técnico en las profesiones que se determinen u otros equivalentes a efectos profesionales o superiores. Y de manera particular en el caso del Jefe de Seguridad, para poder acceder a dicha categoría profesional, expresar que dicho candidato de acuerdo con lo previsto en el artículo 63 del Reglamento de Seguridad Privada, deben acreditar documentalmente previamente haber desempeñado puestos o funciones de seguridad, pública o privada, al menos durante cinco años así como obtener con posterioridad la pertinente tarjeta de identidad profesional. Para disponer de dicha tarjeta de identidad profesional dicho candidato o aspirante a Jefe de Seguridad vendrán obligados a superar las correspondientes pruebasestablecidas en el artículo 11 de la Orden del Ministerio de Interior 318/2011 (versarán sobre la normativa reguladora de la seguridad privada y, en especial, sobre el funcionamiento de las empresas de seguridad, funciones, deberes y responsabilidadesdel personal de seguridad privada, funcionamiento de los sistemas y medidas de seguridad, organización de servicios de seguridad, y modalidades de prestación de los mismos)para justificar que presentan conocimientos suficientes sobre la normativa reguladora de la seguridad privada, la organización de servicios de seguridad y las modalidades de prestación de los mismos, no siéndoles aplicable lo dispuesto en este Reglamento sobre formación de personal de manera permanente, delartículo 57 del Reglamento de Seguridad Privada.

En el caso del Director de Seguridad, conforme a lo previsto en el artículo 63 apartado 2 de Reglamento de Seguridad Privada, dicho personal debe estar en posesión de la titulación de seguridad reconocida a estos efectos por el Ministerio delInterior y/o acreditar el desempeño durante cinco años, como mínimo, de puestos de dirección o gestión de seguridad pública o privada, y superar las correspondientes pruebas sobre las materias que determine dicho Ministerio que conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Orden del Ministerio de Interior 318/2011 de personal (versarán sobre la normativa reguladora de la seguridad privada y, en especial, sobre servicios de seguridad, funciones de los departamentos de seguridad, y características y funcionamiento de los sistemas y medidas de seguridad) y lo dispuesto en el artículo 6 de lamisma Orden: “deberán contener, al menos, las materias establecidas en el anexo III de la presente Orden, debiendo alcanzar éstas un mínimo de cuatrocientas horas”

La figura de la delegación de funciones de Jefe y Director de Seguridad es desarrollada en la nueva Orden de Ministerio de Interior 318/2011 de personal, artículo 18, y contemplada para ambas categorías de manera común, sin establecer una diferenciación en su tratamiento por razón del puesto ocupado. Sin duda alguna, aún cuando la figura del Director de Seguridad tenga su origen en una especialidad del Jefe de Seguridad con cometidos diferenciados, las últimas modificaciones normativas contribuyen a confirmar la conceptuación de ambas figuras como categorías independientes, con identidad y ámbito de actuaciónpropio, debiendo vincularse la existencia, sea voluntaria como obligatoria, del Director de Seguridad a los departamentos de seguridad existentes en grandes usuarios de servicios de seguridad, sean o no obligados a adoptar medidas de seguridad específicas así como a su intervención relevante en infraestructuras críticas tras la entrada en vigor de la Ley 8/2011 de 28 de abril por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, así como su en su Reglamento de Desarrollo RD 704/2011 de 20 demayo. Como muestra de lo anteriormente expresado, el Informe de la SecretariaGeneral Técnica del Ministerio de Interior de julio 2005, emitido tras haberse planteado diversas cuestiones relacionadas con la regulación de los departamentos y directores de seguridad, hacía mención expresa al artículo 16 de la Ley de Seguridad Privada para definir la exigencia del Jefe de Seguridad en las empresas de seguridad exclusivamente y reiteraba la diferencia entre el Jefe y Director de Seguridad considerando al director de seguridad como una especialidad de los jefes de seguridad con cometidos diferenciados.

Con anterioridad a la reforma operada en el Reglamento de Seguridad Privada, RD 4/2008 de 11 de enero por el que se modifican determinados artículos del Reglamento de Seguridad Privada, que afectó a ambas figuras, el Informe de laSecretaria General Técnica del Ministerio de Interior de septiembre de 1999 expresaba con adecuado fundamento, en cuanto a la distinción entre Jefe y Director de Seguridad que” dado el confusionismo que existe en el sector de la seguridad privada entre la figura de jefe de seguridad y Director de seguridad, es importante destacar que se trata de dos figuras distintas con cometidos diferenciados, por cuanto el Jefe de seguridad ejerce sus funciones en empresas de seguridad, mientras que el Director de Seguridad, que participa de algunas de las funciones del jefe de seguridad, las ejerce en entidades, empresas o grupos empresariales que no son empresas de seguridad.”

En la misma línea argumental expuesta, Manuel Izquierdo a la hora de establecer las funciones tanto del Jefe como del Director de Seguridad manifestó que las mismas tienen un carácter marcadamente interno, esto es de organización y dirección del personal y servicios de seguridad, y a su vez exponía que la intención del Reglamento de seguridad privada es que los Jefes de seguridad propiamente dichos existan en las empresas de seguridad pues para el resto de empresas se crea la figura del Director de seguridad. Por último para mayor claridad, manifestar que en ningún caso puede establecerse un criterio de subordinación jerárquica entre el Director y Jefe de Seguridad por considerar que ambas categorías tienen personalidad jurídica propia así como un ámbito de actuación y competencias diferentes dentro del sector de la Seguridad Privada por razón del lugar de prestación de sus servicios.

Jorge Salgueiro Rodríguez 

Abogado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
Vicepresidente Primero de AECRA (Asociación Europea de Profesionalespara Conocimiento y Regulación de las Actividades de SeguridadCiudadana) 
Arbitro por AEADE (Asociación Europea de Arbitraje de Derecho y Equidad)
Director de Seguridad 
Master en Asesoría Jurídica por el CEF 

Director General de Servicios de Asesoría Legal Interna/Relaciones Institucionales
SECURITAS DIRECT ESPAÑA

Fuente: Belt Ibérica
Fecha: 07/02/12

GRUPO CIVITTAS - SERVICIOS DE SEGURIDAD

De la Organización:

Este año EXPOSECURITY, lo celebramos en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo, que nos ofrece algunas ventajas en comparación al pabellón del año pasado. Está mejor comunicado, es más conocido, tiene más prestigio. En la misma Casa de Campo está la Escuela de perros policía y la sección de caballería de la policía. Además, hay varios cuarteles del ejército en las inmediaciones, así como un cuartel de policía local de grandes dimensiones. Por lo que la participación de estos profesionales es seguro que se verá incrementada con referencia al año anterior.

En esta edición vamos a contar con un número significativo de directores de seguridad, y jefes de seguridad. Así mismo contaremos con visitantes del Ministerio de Defensa y también del interior, que el año pasado faltaron.
Demostraciones, talleres, concursos, presentaciones de productos, cena networking, mesas redondas, etc. enriquecerá la feria.
También llevaremos a cabo varios concursos dirigidos unos a profesionales (binomios de policías, protección a vip´s, etc) y otros a aficionados (para que todo el mundo pueda participar)

Habrá demostración de tiro y concurso, con aire, airsoft y airmunition. Todos los concursos están respaldados con premios de envergadura.
Celebraremos varios cursillos y el campeonato de BRICPOL.

Creo que EXPOSECURITY es un buen escenario para presentar los nuevos productos del sector y ofrece:

1. contacto directo con el cliente
2. demanda selectiva e interesada
3. nuevos contactos
4. conocimiento de la competencia
5. actualiza técnicas de marketing directo
6. mejora relación costo – beneficio
7. muestra potencialidad del sector
8. concentra negocios en tiempo reducido
9. actualiza conocimiento de nuevas tecnologías
10. ventas in situ
11. posibilita conocimiento y comparación del mercado
12. permite test de aceptación de nuevos productos
13. visibilidad en el sector
Etc.

Todos los concursos y el evento, van a estar siendo grabados constantemente. Pudiéndose ver en las pantallas de la feria la evolución de las demostraciones y concursos. Lanzándolo cada día a internet.

El crecimiento de la feria es importante. Creemos que acabaremos con un 40% más de expositores. Y estamos seguros de atraer mucho más público al evento que el año pasado.

Programa Provisional:

Programa Provisional de Eventos en ExpoSecurity 2012

GRUPO CIVITTAS - SERVICIOS DE SEGURIDAD

IV CAMPUS DE VERANO DE ARTES MARCIALES
FECHA: DEL 16 AL 20 DE JULIO DE 2012

LUGAR: CASTEJON DE SOS – VALLE DE BENASQUE (HUESCA)

ACTIVIDADES CONFIRMADAS: KICK BOXING – MUAY THAI – KENPO JITSU – ARNIS – DEFENSA PERSONAL – DEFENSA PERSONAL POLICIAL – BODY BALANCE . BODY COMBAT – PILATES

OTRAS ACTIVIDADES: DESCENSO DE BARRANCOS – RAFTING -SENDERISMO – RUTAS A CABALLO

PRECIO: PENSION COMPLETA + CURSOS….. 370 €
SOLO CURSOS……….150 €

ORGANIZA: EACS ESPAÑA
COLABORA: EXCMO AYTO DE CASTEJON DE SOS

INFORMACION E INSCRIPCIONES EN: INFO@EACS.COM.ES O EN EL TELEFONO 629 915 247

GRUPO CIVITTAS - SERVICIOS DE SEGURIDAD

2012 Tabla Salarial Seguridad Privada

GRUPO CIVITTAS - SERVICIOS DE SEGURIDAD

Dos de Cada Tres Empresas Sufre Impagos Significativos

GRUPO CIVITTAS - SERVICIOS DE SEGURIDAD