Modificacion de la Ley de Espectaculos de la Comunidad de Madrid

PP propone doblar las sanciones graves en la reforma de Ley de Espectáculos

Agencia EFE
Madrid, 10 jul (EFE).-
La propuesta para la modificación de la Ley de Espectáculos Públicos de la Comunidad de Madrid, que hoy ha registrado el PP en la Asamblea de Madrid incluye el endurecimiento de las multas, hasta el doble en los casos muy graves, y la inhabilitación tanto de empresas como de empresarios infractores.
En los casos en los que se supere el aforo, ha inhabilitación deberá ser publicada tanto en el BOE como en el BOCM, para “impedir que presuntos infractores puedan seguir organizando espectáculos públicos mientras se resuelve un procedimiento sancionador”, ha explicado hoy el portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines.
Con la reforma de la ley, el PP pretende cumplir con el compromiso que adquirió el presidente de la Comunidad, Ignacio González, en la reunión que mantuvo en mayo pasado con Isabel de la Fuente, la madre de una de las víctimas del Madrid Arena, la joven Cristina Arce, según Muñoz.
La proposición busca endurecer el régimen sancionador general y establece tres tipos de infracciones -leves, graves y muy graves-, pudiendo estas últimas conllevar multas de entre 60.001 y 600.000 euros, e incluso 900.000 euros en caso de afectar a menores, frente a la sanción máxima actual de 300.000 euros.
Asimismo, incluye una “atribución más clara de las responsabilidades, tanto de las personas físicas como de las jurídicas”, con el fin de impedir que empresarios “poco escrupulosos” puedan recurrir a “ningún tipo de argucia” que les permita seguir organizando espectáculos a través de otras sociedades, según Pedro Muñoz.
Además, la reforma establece, como nueva medida cautelar contra los infractores, “el decomiso de los ingresos obtenidos por los responsables del espectáculo” motivo de sanción, así como la obligación de publicar la inhabilitación en los Boletines oficiales del Estado (BOE) y de la Comunidad de Madrid (BOCM) en los casos de concentraciones masivas de personas.
El objetivo de esta medida es que la sanción “sea de conocimiento general y sus efectos no queden sólo en el ámbito localizado del ayuntamiento que haya impuesto la sanción”, explica el PP para quien “es fundamental que los ayuntamientos no contraten a aquellas empresas que anteponen sus beneficios a la seguridad de las personas”, según el portavoz adjunto.
Ha citado como ejemplo el caso del promotor Miguel Ángel Flores, que tras la tragedia del Madrid Arena, en la que murieron cinco jóvenes en noviembre pasado, intentó organizar la fiesta de fin de año en La Cubierta de Leganés.
El Grupo Popular, “en aras de alcanzar el mayor consenso posible, está abierto a estudiar todas las aportaciones e ideas que propongan el resto de grupos parlamentarios”, ha explicado antes de señalar que la intención del PP es que “la toma en consideración de esta proposición de modificación de la ley sea debatida este mismo mes” por el pleno de la Asamblea.
Para ello, el PP ha realizado una petición para que se reúna la diputación permanente y se celebre un pleno extraordinario antes del fin de julio, lo que permitiría iniciar la tramitación parlamentaria reglamentaria y, si se cumplieran los plazos, aprobar la reforma a mediados de noviembre.
A este respecto, la diputada popular María Eugenia Carballedo ha subrayado que su partido “aspira al mayor consenso posible, el mismo que se logró cuando la ley fue aprobada hace quince años”, y que su grupo está abierto a retrasar la tramitación en aras de lograr este consenso, para lo cual está dispuesto “a escuchar también a los ayuntamientos, al sector (empresarios) y a todo aquel que quiera hacer aportaciones”.
La Comunidad de Madrid tiene atribuida la competencia exclusiva en materia de espectáculos públicos, y objetivo de la reforma es modificar los artículos 34, 36, 37, 38, 41, 42 y 44 de la ley, que fue aprobada el 4 de julio de 1997.

Estos artículos se refieren precisamente a las responsabilidades, medidas cautelares, tipificación de las infracciones, establecimiento de sanciones y la publicación de las mismas, ha concluido Muñoz Abrines que ha querido dejar claro que “el 99% de los promotores de eventos cumplen la norma”.

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