MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) –
El Juzgado de Primera Instancia número 20 de Zaragoza ha condenado a una empresa de mantenimiento de sistemas de seguridad y central receptora de alarmas a indemnizar a la Joyería Luyjo de Madrid, cuyo taller fue robado, por su escasa efectividad, ha informado el Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid.
El juez reprocha que sea «una empresa profesional de la seguridad y no advirtiera a la joyería acerca de la conveniencia de mejorar la línea» a fin da garantizar la comunicación con la central de alarmas y que no resulte su servicio inhábil o inservible para el fin que se contrató.
El Gremio muestra su satisfacción de que los tribunales españoles hayan iniciado el camino de interpretar como obligación fundamental de estas empresas de seguridad «el que se preste un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de forma que, si por dolo, negligencia, culpa o falta de diligencia se incumpliere con su obligación, se genere la correspondiente responsabilidad sobre los daños y perjuicios que pudiera tener la joyería».
La asesoría de seguridad del Gremio ha recordado que presta toda la asistencia para determinar dichas responsabilidades y apoyar cualquier legítima reclamación.
PREOCUPACIÓN GENERAL
Desde hace unos meses, el colectivo de joyeros de Madrid viene solicitado una mayor eficacia a las compañías de alarmas que vigilan sus establecimientos. El secretario general del Gremio, Armando Rodríguez, denunció hace unas semanas que el 95 por ciento en los avisos enviados a las centrales receptoras de alarma por parte de joyerías «en ninguna de ellos se ha avisado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Además, ha pedido que la legislación que obliga a mantener las medidas de seguridad se haga con criterios de eficacia, «que se presten los servicios y que se les sacan el máximo partido, cosa que no ocurre en la actualidad». Por eso, ha exigido la actualización de la normativa de Seguridad Privada, cuyo reglamento considera «antiguo».
«Las tecnologías han evolucionado mucho en los últimos años y se puede hacer una adaptación tratando de optimizar que las cámaras, los materiales y los recursos de seguridad sean mucho más eficaces. Hay que organizarlo normativamente para establecer quien tiene que cumplir y con qué certificaciones. Eso tiene que tratar la Ley de Seguridad Privada y nos han manifestado la posibilidad de abordarla en un futuro próximo», manifestó a Rodríguez», argumentó.