Comparecencia del secretario de Estado de Seguridad – 18jun2013

El pasado día 18 de junio compareció en el Congreso de los Diputados el Secretario de Estado de Seguridad para informar sobre las líneas generales de su Departamento y que por su importancia os adjuntamos.

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COMISIÓN DE INTERIOR DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

1. INTRODUCCIÓN

Permítanme que comience mi intervención señalando que, por mi condición de funcionario de esta Casa, me he sentado en esta mesa en muchas ocasiones y, sin embargo, éste es la primera vez que enciendo el micrófono y hago uso de la palabra. Si me aceptan esta reflexión de orden estrictamente personal, les diré que es un honor poder hacerlo y que espero estar a la altura de esta Comisión y de Sus Señorías por el enorme respeto que me merece la Institución y la función parlamentaria que todos ustedes desempeñan y porque si durante varios años tuve la responsabilidad de estar a su servicio, desde el pasado 14 de enero he sido llamado a otros cometidos que exigen la rendición de cuentas ante las Cortes Generales, lo que hago consciente de la responsabilidad que supone y de que en ello estriba la grandeza de nuestra democracia parlamentaria.

Señorías, ha pasado un año y medio desde el inicio de la Legislatura y seis meses desde mi toma de posesión como Secretario de Estado de Seguridad. Los retos y desafíos de la Secretaría de Estado de Seguridad no han variado en lo sustancial, puesto que se incardinan en el esquema de prioridades del Ministro del Interior, presentado ante esta Comisión el 31 de enero de 2012 y estructurado en 10 grandes ejes de acción. Ha habido, sin embargo, avances en este período, que nos permiten evaluar el cumplimiento de los objetivos fijados y afinar las prioridades en la gestión de un servicio público esencial para los ciudadanos, como es la seguridad.

Precisamente en el terreno de las novedades que definen el contexto en que se desenvuelve el trabajo de la Secretaría de Estado de Seguridad sí me gustaría destacar una novedad, como es la aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 31 de mayo de la Estrategia de Seguridad Nacional 2013. Es evidente que el contenido de la Estrategia excede del ámbito estricto de las competencias de la Secretaría de Estado  de Seguridad, pero también es evidente que las tareas de la Secretaría de Estado caen todas bajo el ámbito de lo que sistematiza la Estrategia.

Por ello, quiero subrayar dos ideas que inspiran el documento y que tienen una importante incidencia en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:

– La primera es la idea de una seguridad integral. Las amenazas a la seguridad están íntimamente relacionadas y deben ser afrontadas de una manera global.
 
– La segunda es el concepto central de hacer al ciudadano corresponsable de su seguridad. No se trata de hacer dejación de deberes públicos, sino de incorporar al ciudadano a la importante tarea de su propia seguridad. Proporcionar seguridad es responsabilidad de los poderes públicos, sin duda, pero es también un ámbito de corresponsabilidad de los ciudadanos, sin cuya activa participación e implicación no será posible alcanzar las metas propuestas.

La seguridad es, en el siglo XXI, un concepto complejo, poliédrico, imposible de analizar de manera aislada, desde una perspectiva estrictamente policial, sin tener en cuenta la evolución de las amenazas, el contexto económico y la demanda legítima que hacen los ciudadanos de un servicio público de calidad, a la altura de una cultura cívica que exige transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana y compromiso responsable a los poderes públicos. Ése es, Señorías, el desafío de la gestión pública en el ámbito de la seguridad y es, por tanto, el prisma desde el que el actual equipo que tengo el honor de dirigir quiere evaluar su desempeño.

Con este punto de arranque quiero, Señorías, presentar esta mañana el balance de la gestión realizada por la Secretaría de Estado de Seguridad en un año y medio de Legislatura y, simultáneamente, las principales líneas que desde mi toma de posesión ha adoptado como prioridades y, por tanto, como ejes estratégicos al frente de esta responsabilidad.

Permítanme que centre mi intervención en 8 ejes o áreas que constituyen desafíos de la seguridad pero plantean también oportunidades para nuestro país.

En primer lugar, la amenaza que representa el terrorismo y el crimen organizado, fenómenos cada día más transnacionales e interconectados, que permiten a España demostrar su compromiso con la seguridad global y la adopción de un enfoque proactivo en la cooperación policial internacional.

En segundo lugar, el desafío de la ciberdelincuencia, un nuevo reto que requiere y, a la vez, impulsa la modernización de nuestras fuerzas policiales, así como la necesidad de colaborar con las instituciones privadas que operan las infraestructuras críticas y las redes de comunicación.

En tercer lugar, la lucha contra la inmigración irregular y las mafias que se lucran a través de un fenómeno tan lamentable como es el tráfico de seres humanos, lo que constituye un desafío para España y para Europa, en tanto que nuestra gestión contribuye a la construcción del espacio europeo de seguridad, libertad y justicia.

En cuarto lugar, la lucha contra las nuevas amenazas a la seguridad que adoptan la forma de nuevas tipologías delictivas, que exigen un esfuerzo permanente de actualización de conocimientos y perfeccionamiento constante del trabajo de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al tiempo que ponen de manifiesto nuevas “tendencias” del crimen, capaces de alterar la libre y pacífica convivencia de los ciudadanos.

Me referiré, a continuación, al ámbito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y a los objetivos que perseguimos en este campo.

Como sexto eje de mi intervención abordaré las medidas impulsadas desde la Secretaría de Estado para proteger a los grupos más vulnerables.

Seguidamente haré alusión al objetivo de lograr una mayor transparencia en la gestión pública de la seguridad y una mayor cercanía al ciudadano. El ciudadano no sólo recibe un servicio de seguridad. Como decía al principio, es también corresponsable de su seguridad y, por tanto, debe ser cómplice de aquellas políticas públicas encaminadas a proteger el libre ejercicio de los derechos fundamentales y garantizar la seguridad ciudadana.

Finalmente, terminaré mi exposición haciendo referencia a los aspectos relacionados con la gestión eficiente de los recursos materiales y la mejora de todos aquellos aspectos que, a pesar de ser instrumentales, constituyen la base imprescindible paralograr la excelencia en la prestación de un servicio público por antonomasia.

2. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y EL CRIMEN ORGANIZADO

Abordar, en primer lugar, los aspectos relacionados con la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado parece coherente con las prioridades que vertebran la gestión al frente de la Secretaría de Estado de Seguridad y que se traducen cada día en el trabajo del CNP y de la Guardia Civil, coordinado por los dos organismos que realizan inteligencia estratégica y coordinación en cada uno de estos campos: el Centro  Nacional de Coordinación Antiterrorista y el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado.

Comenzaré, Señorías, refiriéndome a la lucha contra el terrorismo de ETA en la que todos conocemos el largo camino recorrido, recordamos a las numerosas víctimas y no bajamos la guardia. No puede haber otra actitud ante lo que sea que falte de camino hasta que ETA desaparezca de manera definitiva, se disuelva incondicionalmente, entregue sus armas y asuma la responsabilidad de sus actos.

Hasta entonces promoveremos la máxima eficacia en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, potenciaremos la cooperación internacional y facilitaremos a jueces y fiscales la aplicación del ordenamiento jurídico penal frente a los terroristas. Estos son los ingredientes de la lucha antiterrorista y es bien conocido que han dado frutos: eficacia policial, cooperación internacional y aplicación del Estado de Derecho por jueces y fiscales. No hay subterfugios, ni fisuras, sino una directriz nítida que preside la actuación de las FCSE: aplicar la Ley hasta conseguir la desaparición de la organización terrorista cruel y sanguinaria que ha causado un inmenso dolor a varias generaciones de ciudadanos empeñados, frente a ETA, en vivir en paz y en libertad.

La acción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en colaboración con países socios y amigos (en especial de Francia, el Reino Unido, Italia y Brasil), ha permitido que, desde el 22 de noviembre de 2011, hayan sido detenidos 59 miembros de ETA, 13 de miembros de la kale borroka, así como 5 integrantes de los GRAPO, 8 de Resistencia Galega y 21 miembros de grupos terroristas de carácter internacional (yihadismo y PKK).

En cuanto a la lucha contra el terrorismo yihadista que causa conmoción en la comunidad internacional, podemos afirmar que España es un socio fiable y activo. Los riesgos del terrorismo mutan y se hacen más difíciles de prevenir y perseguir y, en consecuencia, no debemos tener miedo a introducir en el debate nuevas herramientas más proactivas y preventivas. Por ello, en el último Consejo de Justicia y Asuntos de  Interior de la Unión Europea el Ministro del Interior ha propuesto una reforma legislativa que incorpore una nueva definición del delito de terrorismo para incluir el “adiestramiento pasivo”.

La lucha contra el terrorismo internacional debe ser un esfuerzo concertado en todos los ámbitos: desde la prevención de la radicalización, la lucha contra la financiación o la detención de los responsables de las acciones criminales más atroces.

En concreto, la prevención de la radicalización aparece como eje estratégico de primer orden en la lucha contra el terrorismo yihadista y constituye una prioridad de la acción de la Secretaría de Estado, en necesaria coordinación con otros actores públicos y privados para lograr conjurar una amenaza que socava los cimientos de la convivencia de las sociedades libres.

En este campo, damos prioridad a la ejecución de la Estrategia integral contra el Terrorismo Internacional y la Radicalización, aprobada en 2012 y dirigida a neutralizar la amenaza que representa el terrorismo internacional y reducir la vulnerabilidad de la sociedad a sus ataques, haciendo frente a los procesos de radicalización que lo puedan preceder o sustentar. La Estrategia, que se desarrolla en 29 líneas de actuación, fue adoptada en el seno del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA), que asume la tarea de coordinar las actuaciones de los organismos e instituciones implicadas en la elaboración, supervisión y seguimiento de la citada  estrategia, con un esquema basado en tres grandes líneas de acción:

1) actuar en el origen y sobre las causas que generan la radicalización, es decir, PREVENIR;

2) disminuir nuestras vulnerabilidades, es decir, PROTEGER

3) hacer frente a la actividad terrorista, es decir, PERSEGUIR.

En esta misma línea, la labor de prevención de la radicalización tiene un campo específico de trabajo en el ámbito penitenciario, donde la SG de Instituciones Penitenciarias ha actualizado las iniciativas que desarrollaban los Centros Penitenciarios para prevenir y combatir la radicalización, incorporando la experiencia acumulada durante años, recogiendo iniciativas adoptadas por otros países e intentando adoptar nuestros controles a las más recientes formas de captar activistas para la Yihad o propiciar una evolución ideológica que permita su reclutamiento en el exterior.

Este campo es, como les he dicho, una de las prioridades de la acción de la Secretaría de Estado de Seguridad en el que resulta absolutamente crucial robustecer los vínculos con otros países y fomentar una cooperación eficaz con nuestros socios de la UE y también fuera de las fronteras europeas. Hemos visto recientemente cómo la actuación de los llamados “lobos solitarios” puede generar una enorme alarma social y, por este motivo, poner medios al servicio de la lucha contra esta amenaza es una clara prioridad.

Permítanme referirme a continuación a la lucha contra el crimen organizado que amenaza nuestra seguridad interior y la de todos los Estados. Soy muy consciente de que abordo este ámbito de actuación de la Secretaría de Estado inmediatamente después de hablar del terrorismo internacional y lo hago de forma consciente, pues la experiencia policial revela que existen vínculos entre las tramas de delincuencia común, especialmente en actividades relacionadas con el tráfico de drogas y los focos de radicalización, sin olvidar las estructuras dedicadas al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo.

El crimen organizado es un desafío que debe afrontarse desde una cooperación internacional reforzada y, como todo desafío, es también una oportunidad para que España demuestre su compromiso con la seguridad global.

No debemos pasar por alto que la seguridad es también parte de la imagen-país que queremos proyectar en el exterior. Lo es en una doble vertiente: la seguridad interior de España hace nuestro país atractivo como lugar de destino e inversión; pero, al mismo tiempo, el aporte que España hace a la seguridad internacional redunda en su buena imagen exterior.

La posición geográfica de España y sus vínculos con América, Europa y África hacen que nuestro país tenga una especial responsabilidad y un peso específico en la lucha contra el crimen organizado. El otro componente que hace a nuestro país especialmente valioso es la profesionalidad de sus FCSE y los vínculos con las fuerzas policiales de diferentes países.

La vigente Estrategia Española de Lucha contra el Crimen Organizado (2011-2014) pone de relieve la diversidad de delitos de las organizaciones criminales: narcotráfico, corrupción, blanqueo de capitales, cibercrimen, tráfico y explotación de seres humanos, robo de propiedad intelectual, fraude impositivo y falsificación. Pero también resalta esta Estrategia que no son delitos aislados, sino que las mismas redes, los mismos canales de transporte, las mismas operaciones de lavado de capitales y la misma financiación opaca sirven a un complejo delictual íntimamente entrelazado.

Con la coordinación que aporta el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están logrando resultados históricos en la lucha contra el narcotráfico. En lo que va de año se han incautado 15 toneladas de cocaína. En 2012 fueron 20,7 toneladas. Respecto al hachís, en lo que va de 2013 se han aprehendido 180 toneladas. En todo 2012 fueron 325 las toneladas de hachís incautadas.

Pero la mejor prueba de nuestra aportación a la lucha internacional contra el narcotráfico es que España intercepta el 73% de todo el hachís incautado en la UE y el 41% de la cocaína. Por nuestra posición geográfica y vínculos culturales, la responsabilidad de España en la lucha contra el tráfico de drogas es especialmente grande como lo es la magnitud de nuestra respuesta.

Un problema colateral, relacionado con el tráfico de drogas tiene que ver con el almacenamiento y custodia de esta sustancia después de su incautación. Un nivel tan alto de aprehensiones llegó a provocar un problema de almacenamiento con riesgo para la seguridad y para la salud pública. Por eso, este año la Secretaría de Estado, a través del CICO, se ha propuesto mejorar los mecanismos de destrucción de droga  y así se ha hecho, mediante el impulso de las modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permiten la destrucción automática transcurrido un mes desde la aprehensión y previa toma de muestras, salvo que la autoridad judicial disponga expresamente lo contrario, así como mediante la ejecución del Protocolo de colaboración entre el Gobierno, el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado en materia de destrucción de drogas, firmado el 3 de octubre de 2012, que ha facilitado enormemente esta tarea de destrucción de la droga almacenada.

Señorías, aunque cueste creerlo, hasta este año sólo existía una relación formalizada entre el CICO y un centro de cremación adaptado para eliminar droga en España. Dicho centro se encuentra en Asturias. En la actualidad hay otros cuatro centros, en Almería, Cádiz, así como en Cataluña y Madrid. El resultado es que, además de la sustancial disminución de riesgos de custodia, el gasto por tonelada destruida ha pasado de 560 euros a tan sólo 210. El Ministerio del Interior se ha fijado como objetivo para 2013 destruir toda la droga almacenada. En lo que va de año se han destruido o están en proceso de destrucción 300 toneladas de droga.

Pero, sin duda, la actividad moral y socialmente más reprobable del crimen organizado es la trata de personas con fines de explotación sexual. No hay nada más repugnante que convertir a una persona en cosa, en mercancía. Por esta razón, tanto la Guardia Civil como el CNP tienen en vigor y actualizan constantemente planes operativos contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual.

Se estima que en España hay 12.000 personas víctimas del negocio de la explotación sexual. Pero también en este sector una acción policial determinada y eficaz ha dado frutos. En 2012 casi 1.000 víctimas de explotación sexual fueron liberadas en España.

Pero aún queda mucho por hacer y para esta batalla las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad necesitarán de una mayor concienciación y colaboración ciudadana.

3. LA CIBERDELINCUENCIA Y LA PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Actualmente, después de la prostitución y el tráfico de drogas, el delito más lucrativo a  nivel mundial es el cibercrimen. En el espacio virtual tienen cabida prácticamente todos los delitos desde la pornografía infantil, los timos tradicionales, hasta los ataques a sistemas de información y las estafas más sofisticadas desde el punto de vista tecnológico.

Según la Administración de Estados Unidos, en 2012 las pérdidas debidas al cibercrimen equivalen al 1,75% del PIB mundial.

El modelo de negocio del cibercrimen y las organizaciones criminales que actúan en la Red es muy distinto al de delincuencia organizada tradicional. La infraestructura de Internet permite un modelo en el que no hay jerarquía y sí existen, en cambio, diferentes grupos que comercializan desde información financiera, malware, exploits, troyanos, etc., orientados a cometer delitos, ya sea para la obtención de dinero, datos o información. A esta actividad se le denomina “crime as a service”. Señorías, en Internet existen auténticos supermercados virtuales del crimen que desconocen las fronteras físicas y cuya condición extraterritorial hace muy difícil la reacción con medios tradicionales. Por eso, la prevención y la detección del cibercrimen es, sin duda, otra de las grandes prioridades estratégicas de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Como el funcionamiento de internet es similar en todos los países, las amenazas y los riesgos a los que hay que hacer frente son también muy homogéneos. En esta línea, podemos enumerar de manera esquemática las principales amenazas que derivan de la utilización criminal de la Red:

a) Menores. En primer lugar los peligros que tienen los menores si utilizan Internet y sus servicios de una forma irresponsable. Además de la pornografía infantil, se dan números casos de grooming (acoso sexual), ciberbulling (acoso, vejación), captación de menores por parte de pederastas en las Redes Sociales, publicación incontrolada de datos personales, etc.

b) Delincuencia Organizada. Dedicada básicamente a la obtención de beneficio económico. Se distribuyen las tareas de forma que unos crean el malware y otros se encargan de la recogida de dinero (estructura de “mulas”). También la Delincuencia Organizada está detrás de actividades de robo de datos bancarios/financieros/personales. En este apartado podemos encuadrar la reciente operación “Ramson” realizada por el CNP en la que fueron detenidas 10 personas de los países del este, 9 en España y el autor del malware de nacionalidad rusa, en los Emiratos árabes a donde había ido de vacaciones. Se trataba de una estafa que infectaba el ordenador y lo bloqueaba solicitando el pago para su desbloqueo de 100€ a través de diversas formas de pago electrónico. Afectaba no solo a España, sino a diversos países europeos y americanos.

c) Hacktivismo. Los ataques de Denegaciones de Servicio pueden tener múltiples intenciones entre las que se pueden encontrar: la de índole económico, la de competencia desleal entre empresas del mismo sector y la principal motivación, que es el mero  componente reivindicativo o Hacktivismo.

d) Espionaje industrial. Es una amenaza real y muy importante puesto que a una empresa en la que su principal activo es el Know-How o el I+D, la perdida de esta información que va parar a la competencia puede suponer la quiebra total.

e) Ciberterrorismo: Se considera que se puede dar bajo dos aspectos, usando Internet como instrumento del ataque a:

o Infraestructuras críticas
o Objetivos estratégicos

Me detendré en este último punto para hacer referencia específicamente a la protección de infraestructuras críticas. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional 2013 llama a fortalecer la seguridad de los sistemas de información y las redes de comunicaciones que soportan las infraestructuras críticas (redes eléctricas, centrales nucleares, suministros de agua, etc.).

La Secretaría de Estado de Seguridad adopta en este ámbito un compromiso inequívoco, apostando por un modelo de seguridad preventivo, no reactivo, que implica a operadores públicos y privados en la defensa de los servicios esenciales para la comunidad frente a las nuevas amenazas lógicas que pueden convertir el uso siniestro de la tecnología en el arma más mortífera. Señorías, la apuesta por la protección de las infraestructuras críticas nos sitúa en el siglo XXI y en la concepción vanguardista de la seguridad. Estamos ante el desafío de los próximos años e incluso décadas: ser dependientes de las tecnologías de la información y las comunicaciones nos hace también vulnerables. Ahora debemos tomar las decisiones que garanticen la paz y la seguridad de las próximas generaciones.

Con esta intención, la Secretaría de Estado de Seguridad ha decidido reforzar la plantilla del Centro Nacional Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC), con la incorporación de 40 nuevos especialistas y con la creación, en su seno, de la nueva Oficina de Coordinación Cibernética. El CNPIC, en coordinación con otros organismos públicos y con una política de estrecha colaboración con los operadores privados es el instrumento de coordinación de todas las medidas destinadas a prevenir la amenaza terrorista contra infraestructuras de telecomunicaciones, energía, transporte o finanzas, imprescindibles para el normal funcionamiento de una sociedad moderna.

Con la misma finalidad, el pasado 4 de octubre las Secretarías de Estado de Seguridad y de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información crearon el primer Centro para la Respuesta a incidentes en Infraestructuras Críticas (CERT-IC). El CNPIC y el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, INTECO, trabajan en colaboración para mejorar la ciberseguridad del país combinando el aspecto tecnológico con  el de seguridad.

En definitiva, frente a las nuevas amenazas, España tiene un firme compromiso con la seguridad global y debe hacer valer su aportación a la seguridad de Europa y de los países de nuestro entorno. En materia de seguridad España va a los foros internacionales a solicitar colaboración para los problemas que le aquejan y no puede acometer en solitario, pero siempre también a aportar, a contribuir activamente.

A mayores amenazas globales, mayor debe ser el compromiso de España con la seguridad global. No podemos escudarnos en la actual crisis o en la tentación de caer en una interminable introspección para rehusar nuestras obligaciones en el escenario internacional. No queremos que se diga, ¿dónde estaba España cuando hubo que afrontar la amenaza de los “lobos solitarios” o de la ciberseguridad o de la correcta regulación de los flujos migratorios? España tiene una actitud proactiva en los foros policiales internacionales, en la cooperación policial contra el crimen organizado, en el impulso de colaboraciones multilaterales o bilaterales. Es nuestra obligación como país responsable que cree que a las amenazas globales se les da respuesta en coordinación con nuestros socios. Pero esta actitud también es fruto de la constatación de que lo que hagamos en Europa, en el Mediterráneo, en Iberoamérica o en el ciberespacio redunda en la seguridad de todos los españoles.

4. INMIGRACIÓN: ESPAÑA, FRONTERA EUROPEA

Hace tan sólo seis o siete años posiblemente habría comenzado esta comparecencia hablando de inmigración irregular. En los años 2006-2007 parecía imposible atajar la acción de las mafias dedicadas a este terrible negocio que reduce a mercancía al ser humano. En aquellas fechas, la inmigración irregular era la segunda preocupación de los españoles. Sentían que sus fronteras, en especial Canarias, eran vulnerables y asistían consternados a un drama humanitario en el que miles de personas arriesgaban sus vidas.

La determinación de Policía y Guardia Civil, así como de otras instituciones públicas y la estrecha colaboración con los países de origen, lograron conjurar lo más crudo del reto de la inmigración ilegal. Las cifras atestiguan el éxito. En 2006 llegaron a las costas de las islas Canarias 31.678 inmigrantes irregulares. En 2012 tan sólo 173, un 99,5% menos.

En cuanto a las cifras totales para 2012, el año pasado se logró que la inmigración irregular que llegó al conjunto de las costas españolas descendiera en un 30% respecto al año anterior. Se pasó de 5.441 personas a 3.804.

Hay que mantener el esfuerzo y, además, siempre caben mejoras en la ordenación de los flujos migratorios.

España es un país que ha tenido sus puertas abiertas a quienes han venido a contribuir al futuro y prosperidad de este país, pero la inmigración debe ser un fenómeno regulado y reglado que fomente el respeto a los derechos de los inmigrantes y que impida una inmigración desordenada. Es preciso, además, garantizar la seguridad de nuestras fronteras y luchar contra las mafias que trafican con personas.

Una pieza clave del control migratorio es una política activa de colaboración con los países de origen y tránsito. Queremos apostar decididamente por las vías de inmigración regladas, controlar en el origen los flujos de inmigración irregular y colaborar con organismos como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) en el fomento de los retornos voluntarios desde zonas, como el norte de Marruecos, que sufren una gran presión migratoria. El enfoque, de nuevo, debe ser global.

Entre los proyectos para un mayor control de inmigración irregular cabe destacar: la puesta en marcha del proyecto comunitario EUROSUR; el desarrollo del plan piloto Fronteras Inteligentes; una activa política de repatriaciones y acuerdos de readmisión; el refuerzo de la cooperación bilateral; el proyecto de retorno voluntario de inmigrantes irregulares subsaharianos de la OIM; los planes policiales contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual o laboral y los nuevos mecanismos para la protección de los Menores Extranjeros No Acompañados.

Un reto de particular importancia es reforzar la seguridad de las fronteras que sufren más de cerca la presión migratoria. Me refiero a Ceuta y Melilla. Es importante recordar que al reforzar sus fronteras contra la inmigración irregular apoyamos y alentamos a los ceutíes y melillenses que pueden comprobar cómo un problema que les atañe de cerca suscita una respuesta de todos los españoles.

Respecto a la lucha contra la inmigración irregular tan sólo quiero recalcar la vertiente europea de las tareas que España acomete. Así como en las incautaciones de droga, de acuerdo con las cifras que antes he dado, el esfuerzo de España es superior al de la media de los países europeos, también son los países del Sur y el Este de Europa los que realizan una mayor contribución a la lucha europea contra la inmigración irregular.

Esa es la razón por la que, de cara a las perspectivas financieras 2014-2020 de la Unión Europea, España presentará programas y proyectos para maximizar la participación en el Fondo de Seguridad Interior (que incluye el actual Fondo para las Fronteras Exteriores) y el Fondo de Asilo e Inmigración (que engloba los actuales Fondos para el Retorno, para el Asilo y para la Integración de Inmigrantes).

5. LUCHA CONTRA LAS NUEVAS AMENAZAS A LA SEGURIDAD

Abordaré a continuación de manera sintética un eje de prioridades de la Secretaría de Estado de Seguridad que podemos resumir bajo el título de lucha frente a amenazas emergentes, que ponen de manifiesto la necesidad de dedicar un importante esfuerzo a la formación y actualización de técnicas, procedimientos y protocolos de actuación, para lograr que la respuesta al delito sea siempre más rápida y eficaz que el propio fenómeno delictivo. Algunas de estas amenazas consisten en nuevos focos de radicalización que, en muchos casos, son conocidos en otros países y comienzan a tener implantación en España, de ahí que una acción preventiva y coordinada sea la clave para evitar la expansión de estos fenómenos.

– Movimiento anarquista violento. En referencia a la evolución del anarquismo violento, en Europa encontramos lo que los servicios de información de las policías europeas denominan, «el triángulo del anarquismo radical», formado por activistas de Italia, Grecia y España. Como en otros fenómenos delincuenciales, serán Internet y las redes sociales los elementos coadyuvantes a este desarrollo, al favorecer la  interacción de estos grupos y su coordinación a nivel global.

– Bandas latinas: agrupaciones juveniles delincuenciales y violentas. Se componen de capítulos, que se financian a través de actividades ilícitas. Nº de grupos existentes: 39 grupos, destacando como principales LATIN KING, ÑETAS, DOMINICAN DON´T PLAY, FORTY TWO y TRINITARIOS (67, 30, 15, 7 y 13 capítulos respectivamente), conformando el resto un total de 50 capítulos. Preocupa la posible importación de  las denominadas MARAS centroamericanas, auténticos grupos criminales organizados y fuertemente jerarquizados cuya actividad criminal supera ampliamente a las bandas latinas. Aunque en nuestro país no se dan los factores potenciadores de los países de origen no es posible descartar fenómenos de imitación.

– Bandas moteras: grupos organizados delincuenciales internacionales, con estructura fuertemente jerarquizada. Se componen de Capítulos, que se financian a través de actividades ilícitas. Nº de grupos existentes: aproximadamente unas 70 bandas, destacando 5 de ellas (HELL´S ANGELS, BANDIDOS, GREMIUNS, PAWNEES, OUTLAWS) con un total de 53 capítulos.

– Proliferación (Contrabando de Material de Defensa y Doble Uso): la comunidad internacional ha venido prestando durante los últimos años una especial atención a la proliferación de armas de destrucción masiva dados los riesgos que para la estabilidad internacional conllevan las mismas, especialmente teniendo en cuenta que las zonas de mayor proliferación de este tipo de artículos coinciden con aquellas áreas con una más frágil estabilidad política e institucional.

Entre los artículos de fabricación nacional que mayor preocupación pudiera conllevar desde el punto de vista de la proliferación, se encuentran los de las industrias aeronáuticas y espaciales, susceptibles de ser desviados a programas de misiles, así como los aviones aéreos no tripulados (UAS), de gran proyección actualmente y que pueden ser utilizados como medios de lanzamiento por sí mismos. También requiere una especial inquietud las máquinas herramientas, de gran empleo en todo tipo de programas sensibles y que son utilizadas para múltiples tareas industriales, desde la fabricación del cono de un misil balístico hasta la mecanización de un tapón de tungsteno para un artefacto nuclear de tipo pistola. Y todo ello sin contar el gran número de válvulas, tubos, aluminios, etc. de fabricación nacional que pudieran ser empleados para la fabricación de centrifugadoras de enriquecimiento de uranio, intercambiadores de calor de industrias nucleares o columnas de destilación para ámbitos químicos, por mencionar unos pocos ejemplos.

Otros fenómenos delictivos de nuevo cuño: el cultivo de marihuana indoor, el cepo capturador en cajeros o cash trapping, la contratación telefónica fraudulenta, el robo de catalizadores, la compraventa ilegal de oro y plata, incluyendo la venta de oro falso, etc.

6. INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

Me referiré, a continuación, a las prioridades en el ámbito de la SG de Instituciones Penitenciarias. La población reclusa en las instituciones penitenciarias españolas, excluyendo Cataluña, territorio en el que la competencia es exclusiva de la Generalitat, ha descendido en los últimos años desde la cifra de 65.563 internos en 2009 hasta 58.958 internos en 2013.

Conviene poner estas cifras en el contexto internacional. De acuerdo con datos del World Prison Brief de finales de marzo de 2013, España tenía 68.900 reclusos, o lo que es lo mismo, una población de 149 reclusos por 100 mil habitantes. La cifra es superior a la de los grandes países europeos, salvo Reino Unido que tiene la misma tasa. Francia tiene 101 reclusos por 100 mil habitantes, Alemania 80, Italia 108. Sin embargo, los grandes países de Iberoamérica, Brasil y México, tienen respectivamente 274 y 209 reclusos por 100 mil habitantes. Estados Unidos tiene 716.

Actualmente en el territorio español, excluida como digo Cataluña, hay en funcionamiento 68 centros penitenciarios, 2 hospitales  psiquiátricos y 13 Centros de Inserción Social. Por lo que en la actualidad hay capacidad suficiente para hacer frente a la situación de la población reclusa. Próximamente se aprobará la revisión del Plan de Infraestructuras Penitenciarias en el que se reconsiderará la necesidad de terminar las infraestructuras pendientes de finalización. Se tendrá para ello en cuenta la evolución de la población penitenciaria, las previsiones de crecimiento y las necesidades de plazas. Y en aras de una mayor racionalización del gasto se eliminarán aquellos elementos y equipamientos no necesarios que incrementan el coste de construcción y mantenimiento.

También en los Centros de Inserción Social se están analizando modificaciones en los proyectos para reducir superficie y presupuestos. Se quiere así liberar recursos para dedicarlos a la mejora, sustitución y ampliación de la vida útil de los centros.

En cuanto a los programas específicos de tratamiento penitenciario, se mantienen programas en cuestiones como prevención de suicidios, control de la agresión sexual, resolución dialogada de conflictos, etc. En 2012 se implantó un programa contra el tabaquismo y en 2013 se iniciará uno contra el alcoholismo.

En lo relativo a la formación y la incorporación al mercado laboral, en el curso escolar 2012-2013 la participación educativa a comienzo de curso fue de 18.910 alumnos: 16.983 hombres y 1.927 mujeres. En el ámbito laboral se han firmado convenios con diversas empresas como Ecoembes o La Caixa para facilitar la inserción laboral de los internos. Durante el año pasado se incorporaron al mercado laboral, de manera
efectiva, un total de 245 internos. Mediante el Convenio firmado con la Fundación La Caixa se promueve la formación en el interior del Centro y las prácticas en el exterior. En 2012 1.309 reclusos se beneficiaron de las actividades de formación de este Convenio.

7. PROTECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES

Quiero desarrollar ahora otro de los ejes estratégicos de la SES, como es la protección a los grupos más vulnerables.

En el asunto primordial de la lucha contra la violencia de género, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VdG) ha resultado ser una herramienta de gran utilidad en la prevención de tan repudiable modalidad delictiva. A fecha 31 de mayo de 2013, el Sistema VdG gestiona información sobre un total de 273.312 mujeres víctimas, de las cuales 68.763 se encuentran en situación de “caso activo”, habiéndose realizado un total de 1.245.582 valoraciones de riesgo desde la fecha de entrada en funcionamiento (26 de Julio de 2007).

El sistema, al permitir la conexión de las distintas policías, instituciones penitenciarias, jueces y fiscales, al realizar valoraciones sobre los niveles de riesgo y adoptar medidas de protección policial necesaria, establece una tupida red que permite un mejor seguimiento y protección, de forma integral y efectiva, de las víctimas de violencia de género.

Teniendo en cuenta su diseño modular y escalable, el objetivo de la SES es extender el sistema a otros colectivos vulnerables como los mayores maltratados o abandonados, niños y adolescentes en riesgo de abusos o discapacitados, entre otros.

En cuanto a las mejoras que pretendemos impulsar, incluiremos nuevas versiones de formularios de valoración del riesgo, ampliaremos su capacidad técnica para enviar de forma automática mensajes telefónicos a las víctimas, advirtiendo de situaciones de riesgo; concluiremos la interconexión con el Sistema de Información de Gestión Penitenciaria, permitiendo con ello conocer en tiempo real los permisos y movimientos de internos penados, así como la conexión con sistemas policiales receptores de denuncias (SIDENPOL, SIGO, policías autonómicas y locales).

Por lo que se refiere a los menores, la Secretaría de Estado de Seguridad desarrolla el acuerdo de colaboración en casos de desaparición de recién nacidos, en cuya virtud, se han creado sendos puntos de contacto en el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil con la finalidad canalizar los diferentes flujos de información y recabar la colaboración ciudadana en los momentos inmediatamente posteriores a la desaparición ya que, como es sabido, las horas inmediatamente posteriores a la misma son cruciales. Además, el  sistema realizará todas las gestiones relacionadas con la desaparición y facilitará la tramitación de las denuncias, activándose, como es lógico, la oportuna investigación policial y judicial.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispondrán de un sistema de alerta temprana por desaparición de menores. Se trata de un instrumento que permitirá protocolizar las vías de actuación en los casos de desaparición no voluntaria, pudiendo encontrarse el afectado en situación de grave peligro. Además de facilitar el trámite de denuncia y canalizar la información entre los afectados, los cuerpos policiales y los departamentos competentes, esta herramienta recabará la colaboración ciudadana en los momentos inmediatamente posteriores al posible secuestro del menor.

8. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y TRANSPARENCIA: HACIA UN NUEVO PARADIGMA EN LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD

Me referiré, a continuación, a otro de los ejes prioritarios en el trabajo de la SES, como es la apuesta por un modelo de gestión pública de la seguridad que haga a los ciudadanos partícipes y corresponsables de las decisiones. Para ello, el primer requisito es proporcionar adecuadamente la información sobre los fenómenos delictivos en España, es decir, apostar por la transparencia.

En esta órbita se encuadra la decisión de hacer públicas las estadísticas de criminalidad con periodicidad trimestral, lo que nos ofrece una imagen de la delincuencia en España que permite adoptar planes específicos en los que se plasma ese esfuerzo de participación al que antes me he referido y que afecta tanto a otras Administraciones Públicas como al sector privado y a los propios ciudadanos, que han de tener voz en lo que afecta más de cerca a su seguridad. No se pueden establecer planes de seguridad para los mayores sin contar con sus opiniones, planes contra los robos en el campo sin conocer las opiniones del sector, un Plan Turismo seguro sin las recomendaciones de hoteleros, restauradores, turoperadores y ayuntamientos de localidades turísticas.

Resulta una obviedad, pero no se debe olvidar. Debemos obligarnos a pensar siempre y en primer lugar en el ciudadano, en lo que quiere y necesita, para mejor servir sus intereses.

Señorías, las cifras nos sitúan como uno de los países más seguros de Europa, quizás el continente más seguro. La tasa de criminalidad de España en 2012 fue de 48 delitos por mil habitantes. En el primer trimestre de 2013 la tasa bajó un 2,5% sobre el mismo periodo del año anterior, quedando la cifra en 47,8 delitos y faltas por mil habitantes. En comparación países como Francia, Alemania o Reino Unido tiene tasas mayores, 53,9, 74,4 y 67,5 delitos por mil habitantes respectivamente. Otro factor que no deja lugar a dudas sobre la baja criminalidad en nuestro país es la tasa de homicidios, que en 2012 fue de 0,84 por 100 mil habitantes, una de las menores de Europa y del mundo.

En la Secretaría de Estado de Seguridad somos conscientes de que proporcionando un alto grado de seguridad ciudadana se favorece a amplios sectores económicos. La seguridad no es sólo un valor social sino que tiene también un claro valor económico. Uno de los sectores que se beneficia directamente de una España con altos índices de seguridad es el del turismo. Prueba de que ello es así es que el 82% de los más de 57 millones de turistas que llegan a España cada año son repetidores.

Pues bien, además de las acciones generales de seguridad ciudadana, estamos promoviendo iniciativas concretas de apoyo al turista extranjero que se encuadran en el Plan Turismo Seguro y que se basan en la participación de Ayuntamientos y Diputaciones para crear las oficinas del Servicio de Atención al Turista Extranjero, los llamados SATEs.

El objetivo es ofrecer a los turistas que sean víctimas de una infracción penal una asistencia personalizada y en su propio idioma. Para ello se cuenta con expertos policiales e intérpretes. En marzo de 2012 el Ministro inauguró en Málaga la primera oficina del SATE en la Costa del Sol. Está además en funcionamiento un SATE en Madrid y están firmados convenios para su pronta apertura en Marbella y Benidorm. En breve se firmará un Convenio con el Ayuntamiento de Gandía para abrir un SATE en esa localidad y están en estudio convenios con Sevilla y en varias localidades Baleares, así como en Almuñécar o en la provincia de Cádiz.

Además de los SATEs, el pasado 30 de mayo firmé un Convenio con la Universidad de las Islas Baleares para proporcionar estudiantes traductores en prácticas a las comisarías y cuarteles para que puedan ayudar en la atención a los turistas extranjeros que no hablen español.

Otro de los ámbitos en los que es imprescindible la participación en el diseño y ejecución de políticas de seguridad es el de los robos en el campo De 2010 a 2011 los robos en el campo aumentaron en un 32,7% y de 2011 a 2012 un 14,1% más. Sin embargo, ya en las cifras de los cuatro primeros meses de 2013 se aprecia que el incremento se va moderando y la cifra se estabiliza.

Para hacer frente a estos delitos en abril de 2011 se puso en marcha el Plan contra el Robo en Instalaciones Agrícolas y Ganaderas. Aunque el Plan ha conseguido mejorar las tasas de esclarecimiento del último año, aumentar el número de detenidos e imputados y frenar el fuerte incremento existente, se van a tomar nuevas medidas para abordar el problema de una forma global. La Guardia Civil ya está preparando el
lanzamiento de una nueva fase del Plan, con énfasis en la mejora de la inteligencia sobre dicha criminalidad y la puesta en marcha de un sistema de denuncias electrónicas. Se han comenzado a elaborar mapas de cultivos con información sobre periodos de maduración y las fechas de recogida para intensificar la vigilancia de cada zona en los momentos críticos.

Otro aspecto de la delincuencia que se ha recrudecido en los últimos años es el robo de cobre, que afecta no sólo a particulares y sus instalaciones sino incluso al tendido eléctrico. El incremento de los robos de cobre ha ido en paralelo con el incremento del precio de este metal.

La entidad de esta problemática ha hecho necesario poner en marcha medidas adicionales que complementen a las que se habían venido adoptando hasta el momento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por ello, desde la Secretaría de Estado de Seguridad se está impulsando una respuesta de carácter coordinado, promoviendo un Plan de actuación contra el robo de cobre que incluya a todos los sectores afectados. A tal fin ha dado comienzo un calendario de actuaciones que incluye la activación de diversos Grupos de Trabajo en los que se analiza este problema y se abordan líneas de actuación para su resolución desde muy distintos enfoques.

Por un lado conforman un Grupo todos los órganos de la Administración General del Estado con competencia en la materia (Secretaría de Estado de Energía, Secretaría General de Industria, Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, etc.); por otra parte, se ha activado otro Grupo con todos los representantes del sector industrial relacionado con la elaboración y manipulación del material de cobre; en tercer lugar se encuentran los principales agentes públicos y privados que gestionan o utilizan los servicios públicos o redes de distribución que padecen una parte importante de la comisión de estos delitos; y por último, se ha conformado otro Grupo de trabajo con los especialistas en la materia de las FCSE y de las Policías Autonómicas.

Dentro de las medidas que están siendo activadas se contempla la próxima aprobación, a primeros del próximo mes, de una nueva Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad que, partiendo de las medidas que ya se vienen aplicando, regule la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en este ámbito e incorpore cuantas mejoras aconseja la experiencia acumulada en los últimos años y las conclusiones extraídas de los Grupos de Trabajo conformados. Asimismo, se pretende poner en marcha con la colaboración de los organismos públicos y privados afectados una serie de medidas, dentro del respectivo ámbito de competencias de cada uno de ellos, que permitan dar a la problemática del robo de cable de cobre una respuesta coordinada y multidisciplinar.

De los trabajos ya realizados se ha obtenido una primera definición de los distintos ámbitos de actividad a los que se deben orientar las medidas que se encuentran actualmente en estudio. En concreto, se han identificado las siguientes áreas:

1. Medidas a adoptar por empresas u organismos titulares o usuarias de redes o servicios víctimas de delitos.
2. Medidas a adoptar en relación con las empresas productoras de cobre.
3. Medidas a adoptar en relación con las empresas de recuperación y reciclaje, y operaciones de compraventa.
4. Medidas relativas al transporte por carretera de material de cobre.
5. Medidas de control sobre la exportación.
6. Medidas policiales.
7. Medidas normativas.
8. Medidas complementarias (actividades formativas, de divulgación, etc.).

El esfuerzo por acercar las tareas de seguridad a los ciudadanos y crear esa “cultura de seguridad” se impulsa no sólo promoviendo la participación ciudadana en asuntos como los distintos planes de seguridad, sino también fomentando una mayor transparencia en el trabajo de las fuerzas policiales. Colaboración ciudadana, por un lado, y mayor escrutinio, por otro. Así se profundiza en democratización.

En consonancia con lo anterior, uno de los objetivos estratégicos del Ministerio del Interior es acercar a los ciudadanos a la labor desempeñada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Para ello, se han puesto a disposición de los ciudadanos diversos canales de información y medios ágiles de intercomunicación que permiten, entre otras funciones, denunciar actividades delictivas de forma segura y confidencial.

Un buen ejemplo en funcionamiento es la cuenta de Twitter del Cuerpo Nacional de Policía, que la semana pasada alcanzó 500.000 seguidores. Es una cifra asombrosa. En el mundo sólo hay una policía que la supera: el FBI. Es además un canal muy seguido por nuestros jóvenes y sirve tanto para mandar recomendaciones de seguridad como para abrir una vía novedosa para hacer llegar denuncias o información a la policía. Por esta vía la policía recibe de media unos 150 mensajes de denuncia que son muy útiles para las investigaciones.

Por último, en este mismo esfuerzo de proximidad al ciudadano se encuentran aquellas iniciativas que pretenden facilitar el cumplimiento de trámites ordinarios y cotidianos. En concreto, para atender a los distintos colectivos con problemas de desplazamiento, el Cuerpo Nacional de Policía ha habilitado 93 equipos para la tramitación de DNIs dirigidos a la atención a la población rural, a las personas internadas en centros hospitalarios, centros penitenciarios y, en general, para todas aquellas que, por sus condiciones físicas, no pueden desplazarse a una oficina policial.

9. EL ESFUERZO DE EFICIENCIA Y RACIONALIZACIÓN DEL GASTO

Termino, Señorías, con una referencia obligada a la gestión de los recursos materiales de la Secretaría de Estado de Seguridad, en tiempos de fuertes restricciones.

Si todo reto puede interpretarse como una oportunidad, el reto de afrontar unos presupuestos más ajustados da lugar no a una sino a dos oportunidades. Por un lado, nos fuerza a racionalizar el gasto, revisar la oportunidad de determinados programas, potenciar otros y buscar mayor eficiencia en todos. Y por otro lado, la revisión de los gastos en pro de una mayor racionalización facilita otra gran oportunidad: la de la modernización. Son dos realidades que se retroalimentan. La búsqueda de la racionalización en el gasto nos empujar a apostar por la modernización y la modernización, por su parte, es una magnífica herramienta para aumentar la eficiencia y contener el gasto.

La Secretaría de Estado de Seguridad está acometiendo un ambicioso y necesario esfuerzo de austeridad que ha permitido en sólo un año  reducir la deuda del departamento en más de 157 millones de euros. A 31 de diciembre de 2011 la deuda reconocida era de 217 millones de euros, mientras que en la actualidad es de tan sólo 60 millones, una reducción del 72% en 18 meses. Pero es que, además, esta reducción de la deuda se ha logrado al mismo tiempo que se reducía el gasto de la Secretaría de Estado de Seguridad, que ha disminuido de 2010 a 2012 en un 9,8%.

Lo más importante es que todo esto se está llevando a cabo sin que por ello se hayan resentido los resultados obtenidos en el ámbito de las competencias de la Secretaría de Estado. Al menos así lo acreditan los logros alcanzados en diversos campos:

reducción de las tasas de criminalidad—un 2,5% en el primer trimestre de 2013 sobre el año anterior

operaciones y detenciones efectuadas en el ámbito del terrorismo, operativos contra el crimen organizado y el tráfico de drogas—en lo que va de año se han incautado 15 toneladas de cocaína y cerca de 180 toneladas de hachís

disminución de los índices de inmigración irregular—en 2012 la inmigración irregular que llegó a nuestras costas descendió un 30% respecto al año anterior—.

Así pues, se ha logrado reducir sensiblemente la deuda contraída, reducir el gasto de la Secretaría y, sin embargo, se mantiene un alto grado de prestaciones. Pero es preciso seguir avanzando en el uso eficiente de los recursos disponibles. Además de lo hasta ahora expresado, la  Secretaría de Estado de Seguridad desarrollará un Plan Estratégico de Gestión de Infraestructuras con el triple objetivo de:

1) mejorar la gestión del patrimonio inmobiliario afecto a las Fuerzas y Cuerpos de  Seguridad del Estado,

2) facilitar la planificación de las inversiones, y 3) establecer estándares constructivos y de calidad para de este modo potenciar el ahorro y la eficiencia energética de las instalaciones y avanzar sistemas de mantenimiento integral con vistas a potenciar la sostenibilidad de las nuevas construcciones.

La situación presupuestaria ha obligado a la Secretaría de Estado a reducir las inversiones reales desde un presupuesto inicial en 2010 de 179 millones a un presupuesto en 2013 de 70,6 millones. Pero no por ello se han desatendido compromisos fundamentales como son las infraestructuras en Ceuta y Melilla, de las que hablaré más adelante, la provisión de vehículos y helicópteros a nuestras fuerzas policiales, o la modernización del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, SIVE, en Algeciras, Las Palmas, Málaga, Granada y Ceuta.

El reto de menor presupuesto se ha traducido en una decidida apuesta por la modernización en el asunto crucial de los sistemas de información, bases de datos y sistemas de comunicación que utilizan de manera conjunta los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante la presente Legislatura se han fijado dos objetivos principales: primero, consolidar, mejorar y actualizar todos los sistemas activos adaptándolos al Nuevo Esquema Nacional de Seguridad; y el segundo, desarrollar nuevos proyectos para mejor la seguridad del ciudadano y su relación y comunicación con las fuerzas policiales.

a) Destacaré cuatro proyectos. El primero, el de “Fronteras Inteligentes” es una prioridad de la Unión Europea y de España. Tiene un presupuesto de 15 millones de euros para el periodo entre 2013 y junio 2015. El proyecto se implementará en los aeropuertos de Málaga, Palma de Mallorca, Alicante y Tenerife Sur, así como en el puerto de Algeciras, y en su última fase incorporará un Centro Nacional de Gestión y coordinación de Fronteras. El proyecto “fronteras inteligentes”  mejorará el control de los ciudadanos que provengan de fuera del espacio Schengen (tanto ciudadanos europeos como de fuera) y harán más fluido el tránsito de viajeros, algo que agradecerán nuestros turistas.

b) El segundo es un sistema de localización en tiempo real de vehículos robados en carretera. Se utilizarán los equipos instalados en carretera por la Dirección General de Tráfico y permitirá el envío de datos de coches robados para efectuar la baja temporal inmediata del vehículo.

c) El tercero consiste en el Desarrollo del Nuevo Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado, el nuevo SIRDEE, que permitirá incluir todas las novedades tecnológicas de banda ancha en las comunicaciones de las fuerzas policiales. Se prevé que el nuevo servicio entre en funcionamiento el 1 de enero del 2016.

d) Y en cuarto lugar, para mejorar las capacidades de comunicación de los ciudadanos con la Policía Nacional y la Guardia Civil, antes de finales de este año, se pondrá en funcionamiento el denominado SIMASC, el Sistema de Movilidad de Alertas de Seguridad Ciudadana. Se trata de una aplicación móvil, o App, que permitirá agilizar la comunicación de incidentes, incorporar información como fotos, vídeo o posición en los mensajes, establecer multicanales (chats, multimedia, etc). Por otro lado, el sistema quiere eliminar dos barreras: la lingüística para facilitar las denuncias de turistas y la auditiva para que personas con discapacidad puedan comunicarse con la policía a través de pictogramas.

10.  CONCLUSIÓN

Señorías, termino ya mi comparecencia con un mensaje final. He tratado de poner de relieve que ante amenazas transnacionales e interconectadas, España puede y debe demostrar su compromiso con la seguridad global y su enfoque proactivo en la cooperación policial
internacional. No vamos a Europa a buscar fondos, vamos a Europa a aportar soluciones y a construir y reforzar ese espacio de seguridad, libertad y justicia que es uno de los mayores y mejores logros de la Unión Europea. No podemos cerrar los ojos ante el hecho de que la sociedad civil—empresas, universidades, asociaciones— tiene gran parte del conocimiento y los medios sin los que sería imposible abordar muchos de los desafíos de la seguridad.

Ante los posibles vaivenes económicos y presupuestarios, se debe responder con estrategias flexibles que sepan mantenerse fieles a la misión de seguridad que los ciudadanos nos encomiendan y con la visión puesta en el futuro que queremos alcanzar. Para ello, es necesario ser flexibles, no cejar en el esfuerzo por modernizar continuamente medios y estructuras, y es necesario hacer más con menos, mejorar la eficiencia.

Y por fin, ante los ciudadanos que nos exigen mayor seguridad y a los grupos que plantean problemas que les afectan directamente, debemos contestarles no con palaras sino con hechos, involucrándoles en el diseño y puesta en práctica de los planes de seguridad. La seguridad es algo demasiado serio, demasiado cercano a valores como la libertad y la justicia, como para dejarlo en las solas manos del Estado. En materia de seguridad, como en tantos ámbitos de la política, debemos profundizar en democratización. Facilitar que el ciudadano sea corresponsable de las acciones que afectan su bienestar es el mejor tributo que podemos hacer a su propia libertad.

Por último, si en el escenario complejo en el que nos encontramos es posible defender un proyecto ilusionante de gestión pública de la seguridad es, en grandísima medida, por el extraordinario valor del amplio equipo humano que presta servicio en la Secretaría de Estado de Seguridad: desde los más de 25.000 funcionarios de prisiones, más de 70.000 policías y más de 81.000 guardias civiles constituyen el mejor recurso que los españoles tienen al servicio de su seguridad. Hombres y mujeres que nos permiten estar cada día orgullosos porque sabemos que gracias a ellos España está en la vanguardia mundial en la lucha contra el crimen. Éste es, Señorías, el principal activo de la Secretaría de Estado de Seguridad. No en vano la GC y el CNP son las instituciones más valoradas por los españoles. Créanme que conociendo de cerca su trabajo, entiendo que así sea y estoy seguro de que hoy, más que nunca, España prosperará si somos capaces de adoptar en muchos ámbitos, también en el de la gestión pública, el modelo que representan hoy policías y guardias civiles.

Muchas gracias

COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD, FRANCISCO MARTÍNEZ, ANTE LA COMISIÓN DE INTERIOR DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA INFORMAR SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE SU DEPARTAMENTO

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